VENTAJAS DE FACTORING ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Refuerza la tesorería
Se reduce el tiempo improductivo al externalizar la gestión de cobro
Mejora el Balance y el equilibrio de cuentas
Las Administraciones Públicas, a través de sus procedimientos concursales, suelen contratar los servicios de las empresas para cubrir sus competencias, aunque no todas destacan por pagar a tiempo.
Esta situación empuja a muchos empresarios a buscar el apoyo financiero del anticipo de facturas o del factoring a administraciones públicas para adelantar los cobros.
La última normativa (Ley 9/2017) de Contratos del Sector Público establece que la Administración debe aprobar en un plazo máximo de 30 días las facturas recibidas por las operaciones realizadas: entrega de bienes, servicios o certificaciones de obra.
A partir de esa fecha de aprobación cuenta con otro plazo de 30 días para efectuar el pago. Sin embargo, la realidad es más amarga para las empresas.
En Circulantis estamos especializados en crowdfactoring, una alternativa innovadora para el anticipo de facturas. Una protección vital para reforzar la liquidez en casos como estos.
A pesar de la normativa, la legislación no es capaz de atajar la morosidad. Algo que penaliza especialmente el esfuerzo de autónomos y pymes. De ahí, la importancia de contar con soluciones alternativas eficientes.
El anticipo de facturas es un servicio de financiación que ofrecen algunas compañías financieras y que le permite a las empresas adelantar el dinero de sus facturas pendientes de cobro.
Una de las fórmulas es a través de un contrato de factoring. El acuerdo implica que la empresa cede sus derechos comerciales a la financiera y ésta se ocupa de proveer los anticipos acordados y gestionar a su favor los cobros al vencimiento.
El factoring administraciones públicas es la modalidad para anticipar las facturas y derechos de cobro que atesoran los proveedores de las instituciones públicas.
La clave para las empresas que lo contratan es elegir las alternativas que supongan un menor coste financiero (intereses, comisiones y gastos) y menos exigencias contractuales.
Las plataformas de crowdlending -préstamos colectivos-, como la nuestra, forman un ecosistema magnífico para las operaciones de factoring. Las solicitudes de los autónomos y pymes están abiertas a múltiples inversores particulares, que son los que deciden si desean colaborar y cuánto aportan a cada proyecto.
El crowdlending ofrece un entorno más objetivo y transparente. La confianza en las entidades públicas es alta, lo que convierte sus derechos de cobro en un valor muy atractivo para los inversores.
Además, es perfectamente viable el factoring con recurso. La otra opción -sin recurso- es más cara porque las compañías financieras son las que asumen los riesgos de impago de las facturas. Algo excepcional en el sector público.
Es fundamental que los documentos comprometidos en un contrato de factoring administraciones públicas estén aprobados por la Administración correspondiente: contratos de adjudicación, facturas o certificaciones de obra.
Este servicio permite anticipar cualquier factura emitida a una entidad pública, siempre con facturas aceptadas. En general, por la facturación derivada de la entrega de bienes, prestación de servicios, construcción y obra pública, etc.
Hay que recordar que toda factura emitida a la Administración pública se ha de presentar siempre de forma electrónica. Hay que cumplir los requisitos de formato y firma para asegurar los elementos principales del fichero: legibilidad, autenticidad e integridad.
Las empresas más pequeñas tienen a su disposición un programa de facturación electrónica gratuito desde la página www.facturae.gob.es que ofrece el Ministerio de Industria.
Las certificaciones de obra son otros documentos válidos dentro del factoring a la administración pública. Se tratan como pagos a cuenta del presupuesto total.
Con esta documentación se certifican los trabajos que se van realizando dentro del plan de ejecución de obra pública. Se pueden presentar de forma periódica o tras completar cada fase del proyecto, según como se haya establecido en el contrato.
Deben estar visadas y aprobadas por la Dirección Facultativa. Esta aprobación y las firmas necesarias son esenciales para solicitar el adelanto del importe certificado.
En proyectos grandes es más importante para los contratistas cobrar las partes ya completadas para compensar los altos costes que implica una obra (sobre todo, materiales y mano de obra).
En este caso, no se trata de anticipar el cobro de documentos o facturas. El factoring puede incluir la financiación de los avales y fianzas que la administración exige a las empresas para poder concursar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Estos avales pueden ser:
Fianzas provisionales:
Fianzas definitivas:
La cobertura por factoring del aval técnico garantiza que la empresa pueda mantener su capacidad operativa sin comprometer sus activos o sin tener que solicitar un préstamo o un aval bancario que suelen ser más caros.
Al igual que los avales técnicos, el seguro de caución también es una garantía aceptada en la Ley de contratos del sector público. Se debe contratar con una aseguradora autorizada en el ramo y en la forma y condiciones que establece dicha ley.
En resumen, la Administración es un buen cliente, pero es importante tener una buena cobertura técnica y protegerse de los retrasos en los pagos, más acusados en las corporaciones locales. Un contrato público debe ser una oportunidad y no un riesgo.
Queremos destacar que la financiación a través del crowdlending no computa en la CIRBE (Central de Riesgos del Banco de España) y es compatible con otros tipos de financiación.
La combinación de la economía colaborativa y la tecnología aplicada a las finanzas es un escenario perfecto para las pymes: crea valor, refuerza la imagen y amplia las opciones (y la eficacia) para obtener liquidez.
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DESCUENTO PAGARÉS
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.