En algunas ocasiones hay operaciones con facturas de administraciones públicas que sufren retrasos muy puntuales (más del 98 % se paga en los plazos previstos al incorporar las operaciones) y algunos inversores de Circulantis se dirigen a nosotros para preguntarnos la causa de los mismos. Las demoras en los pagos de las administraciones públicas españolas cuando se les agota el presupuesto pueden atribuirse a varios factores interrelacionados. Para comprender por qué ocurre esto, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave del sistema presupuestario y financiero público en España.
- Marco presupuestario: En España, las administraciones públicas (estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) funcionan bajo un marco presupuestario anual. Cada administración tiene asignado un presupuesto que debe administrar durante el año fiscal. Sin embargo, el presupuesto no siempre es suficiente para cubrir todas las necesidades y obligaciones de pago.
- Restricciones financieras: Las administraciones públicas dependen en gran medida de los ingresos fiscales para financiar sus gastos. Cuando hay una brecha entre los ingresos y los gastos, es decir, cuando se agota el presupuesto asignado, se enfrenta a restricciones financieras. Esto significa que no tienen suficiente liquidez para cumplir con todos los pagos a tiempo.
- Proceso burocrático: Las administraciones públicas están sujetas a un proceso burocrático riguroso que puede retrasar los pagos. Esto incluye la emisión de facturas, la verificación de servicios o bienes recibidos, la aprobación interna de los pagos y otros trámites administrativos. Estos procedimientos pueden llevar tiempo, especialmente cuando se acumulan un gran número de solicitudes de pago.
Ahora, en cuanto a las estadísticas de los plazos de pago de las administraciones públicas españolas en los últimos años, cabe destacar que existen datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España. Estos datos se recopilan a través del Registro Contable de Facturas (RCF) y ofrecen información sobre los plazos medios de pago.
Según los informes más recientes, los plazos de pago de las administraciones públicas varían según el nivel de gobierno. A continuación, se presentan algunas estadísticas destacadas para cada nivel:
- Estado: El plazo medio de pago del Estado ha mejorado en los últimos años. En 2020, se redujo a 25,93 días, mientras que en 2019 fue de 33,54 días. Es importante destacar que estos datos se basan en el promedio de todas las facturas presentadas al Estado, y no todas las administraciones cumplen con los plazos establecidos.
- Comunidades Autónomas: Las comunidades autónomas han mostrado una variación significativa en sus plazos de pago. En 2020, el plazo medio de pago se situó en 45,29 días, frente a los 35,51 días en 2019.
- Ayuntamientos: Los ayuntamientos también han experimentado cambios en sus plazos de pago. En 2020, el plazo medio de pago se redujo a 40,49 días, en comparación con los 49,74 días en 2019.
Estas estadísticas muestran una tendencia general hacia la reducción de los plazos de pago en las administraciones públicas españolas en los últimos años. Sin embargo, aún persisten retrasos que pueden atribuirse a los factores mencionados anteriormente.
En resumen, las demoras en los pagos de las administraciones públicas españolas pueden ser causadas por excesos presupuestarios, restricciones financieras, procesos burocráticos, dificultades económicas y otras variables. Aunque se han realizado esfuerzos para reducir los plazos de pago, es importante seguir trabajando en mejorar la eficiencia y la gestión financiera de las administraciones públicas para garantizar pagos oportunos a los proveedores y contratistas.
En cualquier caso, las operaciones que exceden de los plazos previstos pasan a ser objeto de un seguimiento especial por parte del equipo de riesgos de Circulantis y continúan generando intereses para nuestros inversores hasta el día efectivo del cobro de las mismas. Además, si nuestro equipo jurídico ve viabilidad para ello, se gestiona la reclamación de intereses de demora oportunos que son abonados a los inversores que participaron en la operación cuando se produce el cobro de los mismos.