En general, la Administración Pública en España tiene una reputación de pagar con retraso a sus proveedores y contratistas, lo que puede ser especialmente difícil para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que dependen de estos ingresos para mantener sus negocios mientras tienen que afrontar pagos a sus proveedores, nóminas, seguros sociales, impuestos, etc. Esto se debe en parte a que los procedimientos administrativos suelen ser complejos y a que hay muchos trámites y requisitos que deben cumplirse antes de que se pueda realizar el pago.
Sin embargo, es importante destacar que en los últimos años se han implementado medidas para mejorar los plazos de pago de la Administración Pública en España. En 2020, por ejemplo, el plazo medio de pago a proveedores por parte de la Administración General del Estado fue de 15,6 días, lo que supone una mejora respecto a años anteriores. Además, existe una normativa que establece que el plazo máximo de pago para la Administración Pública no debe superar los 60 días, salvo en casos excepcionales.
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